El ulular de las sirenas de las patrullas ha sido constante durante las últimas semanas en Tijuana. Julio apunta a convertirse en el mes con más ejecutados producto del narcotráfico y el crimen organizado. Todos los días asesinan a alguien. A veces cuatro al mismo tiempo. Las balaceras acechan en cualquier esquina, centro comercial, residencial de lujo o fraccionamiento.
Así como en México atravesamos por el sexenio más sangriento, con más de 131 mil hasta abril del 2018 y desde que inició el ahora disminuido sexenio de Enrique Peña Nieto, en Baja California estamos viviendo el sexenio más violento con Francisco Vega de Lamadrid como gobernador. Uno del PRI, el otro del PAN, igual de desinteresados en el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, la impunidad o la corrupción, permitiendo con la inacción de policías e investigadores, que los criminales se autorregulen en el territorio con la premisa de sangre y plomo.
La realidad es que con la premisa de que se “matan entre ellos”, los gobernantes intentan transmitir seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que trabajan, viven, estudian y se desarrollan sin tener ligas con la criminalidad organizadas. Lo cual parece que están esperando, a que –como sucedió en el pasado- la violencia escale de las células criminales a los sectores sociales y económicos, y afecte a los suyos, para emprender acción alguna.