Literalmente con toda la fuerza del Estado y con una firmeza y decisión que no se le había visto a lo largo del sexenio con ningún otro tema, el gobierno de Peña Nieto libra una batalla jurídica y judicial de gran alcance, cuyo desenlace tendría que llegar, necesariamente, de la Suprema Corte de Justicia. Todo parece indicar que a Peña y a este gobierno les va la vida en este tema. Se trata de frenar, a como dé lugar, la constitución de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del caso Ayotzinapa que ordenó el Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas en la histórica sentencia que promulgó con motivo de la revisión de cuatro amparos relacionados con el emblemático caso.
No se trata solo de un duelo entre quienes empujan por nuevos caminos e instrumentos de la justicia -así sean heterodoxos o sui géneris- para tratar de destrabar el colapso en que estamos metidos en materia de corrupción, violencia e impunidad, como lo demuestra el caso Ayotzinapa, y quienes defienden el funcionamiento, digamos tradicional, de las instituciones de procuración e impartición de justicia a pesar de resultados desastrosos como los que ha habido, precisamente, en casos como el de Ayotzinapa. Alguna razón poderosa parece empujar al gobierno mexicano a hacer todo lo posible para que lo ocurrido con esos 43 muchachos no sea conocido por la sociedad, si no ¿de qué otra forma se explica todo aquello que quedó expuesto en la sentencia del tribunal en Tamaulipas que decidió -en un giro copernicano- trascender a los cuatro amparos que resolvía y al propio caso Ayotzinapa con una sentencia, por demás, insólita?
El gobierno de Peña Nieto ganó esta semana una batalla, pero no la guerra. La Suprema Corte tendrá, si no nos llevamos una sorpresa, la última palabra en este caso y, con ello, la definición de los ejes por los cuales podría correr parte importante del futuro de México. La PGR logró que el magistrado Sabino Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, le concediera la razón en un incidente que promovió para no cumplir con el mandato judicial que la obliga a participar en la creación de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad. El magistrado consideró fundado el incidente de «imposibilidad jurídica» promovido por la PGR. Es probable que el magistrado haya tenido en cuenta el tamaño de la embestida judicial que echó a andar el gobierno para frenar en seco la creación de este ente jurídico que está llamado a ser parteaguas en la historia de México.
O son muy puristas y ortodoxos en el gobierno mexicano o simple y llanamente no quieren que se conozca nunca la verdad del caso Ayotzinapa. ¿Cuál es la razón, de fondo, que llevó a movilizarse, de esta manera, a todo el gobierno mexicano para frenar la posibilidad -lejana o no- de que se sepa qué ocurrió esa noche en Iguala? ¿Por qué se quiere frenar la creación de esa Comisión Investigadora que podría abrirse paso, con una nueva investigación y un nuevo paradigma, a la posibilidad de descubrir qué ocurrió en esa trama siniestra y poder saber, algún día, lo que pasó y dónde están esos 43 jóvenes normalistas? ¿Importa más el rigorismo de las estructuras vigentes o dejamos que prevalezca el derecho a la verdad?