En medio de un año en el que se proyecta alcanzar la tasa más alta de homicidios dolosos en la historia del país, es imposible ignorar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados por habitante que el resto del mundo, y solo la mitad las policías preventivas estatales recomendada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su Modelo Óptimo de la Función Policial. Pero no solo se trata de una actitud negligente hacia la procuración de justicia, y tampoco es cierto que la mera ampliación de personal policial y justiciero brindará mejores resultados; se trata de una hostilidad generada desde los más altos mandos de poder.
Mientras que en México el cuerpo profesional de la policía preventiva y de los agentes de justicia carecen de las capacidades y recursos necesarios para garantizar la seguridad de su población, especialmente para grupos como periodistas y mujeres víctimas de feminicidio, destaca el contraste con la cantidad de recursos dedicados a las fuerzas armadas. En los últimos cinco años, el presupuesto de SEDENA ha incrementado 485%, sosteniendo 270,000 elementos activos, más del doble de los 120,000 policías estatales de la República.
Podría ser que hemos llegado a un punto de quiebre, en el cual nos encontramos tan bajo en la barranca que no se puede descender ni un paso más. En el caso de Ayotzinapa, la sociedad civil y los tribunales de justicia han marcado un alto, criticando a un gobierno que busca inmediatamente establecer una “verdad histórica” aunque no resulta factible mantenerla, y que levanta una campaña de desinformación y desprestigio hacía las víctimas, sus defensores y expertos independientes. En junio del presente año, se ordenó la creación de una Comisión de Verdad sobre el Caso Ayotzinapa, debido en particular a la falta de independencia y el uso de tortura por parte de las autoridades investigadoras, una práctica generalizada. Tan solo en 2017, la CNDH recibió 402 denuncias de tortura por parte de autoridades federales.[5]
Para sacar al país de la ola de violencia e impunidad en la que se encuentra inmerso, es indispensable adoptar un nuevo enfoque sobre la policía preventiva y el sistema de justicia, pero ninguna iniciativa o inversión será exitosa bajo la influencia perversa de la corrupción endémica.