El fallo de los magistrados del Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, fue más amplio y decisivo. Puntualizó la existencia de ejecuciones extrajudiciales y ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia conformada por Ministerio Público, víctimas y Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia, y no repetición de este tipo de graves violaciones del Estado en contra de la población.
Por sus alcances, la sentencia generó una intensa polémica. Dos exfuncionarios del sistema de procuración de justicia opinaron que la sentencia vulnera la supremacía constitucional al invadir facultades expresamente conferidas al Ministerio Público, quien tiene a su cargo el monopolio de la investigación y la acción penal. De igual manera, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), fiscales y procuradores estatales se pronunciaron de forma unánime contra la resolución del Tribunal Colegiado.
Es claro que, las críticas formuladas a la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, más que jurídicas, son políticas, y tienen como objetivo defender la tesis de la verdad histórica que impuso la PGR y denostar la lucha de los padres de familia acusándolos perversamente de convertirse en los defensores de los asesinos de sus hijos.
Ante el crecimiento exponencial de las desapariciones, la descalificación -política y preventiva- de la sentencia que realizaron los fiscales, trata de impedir que otros jueces sigan el ejemplo, poniéndolos en la situación que actualmente enfrenta la PGR.
La aplastante victoria de Andrés Manuel López Obrador el primero de julio, y el efecto de la sentencia que en temporalidad trasciende el sexenio de Enrique Peña Nieto, necesariamente involucra al gobierno entrante en la decisión de acatarla o continuar con la contumacia.