Durante toda la campaña, Andrés Manuel López Obrador fue muy claro: él prefiere que el nombramiento del titular de la PGR o la Fiscalía General se haga como hoy está contemplado: el Ejecutivo manda una terna y de ahí el Senado elige. Lo que ni López Obrador ni nadie en su equipo nos dijeron es qué procuraduría quieren o si con esa y con nombrar a uno nuevo ya la hicimos. Y a diferencia de otros temas, como economía, comercio, relaciones exteriores o seguridad, no hay un equipo —o no lo conocemos— que esté pensando en serio en cómo reconstruir una institución devastada, hecha añicos. El grado de ineficacia es tal que, en verdad, lo que menos importa es quién la encabece.
Y pues sí. Hay un grupo que desde las organizaciones no gubernamentales ha venido pensando, discutiendo y presionando sobre el tema. Pero si no les gustan esas, según leo a algunos devotos, hay otros. Por ejemplo: el año pasado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE hicieron una amplísima, diversa y profesional Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia. Su informe final contiene recomendaciones precisas para cómo podríamos comenzar a transitar hacia un modelo y una fiscalía que sí sirva. Y que sí sea autónoma en serio.
Pero si el próximo gobierno cree que avanzará en el combate a la impunidad y a la inseguridad —temas fundamentales en la campaña y su resultado— sin una profunda reconstrucción de lo poco que queda de la PGR, se va a dar de topes.
Si cree que solo es un problema el cómo se nombra el titular, debería considerar que tal vez no todos los que ganen elecciones sean taaan acertados en sus nombramientos, como sus devotos creen que éste es… Y que el país durará más que su sexenio.
Es un problema estructural y eso sí lo sabe el colectivo #fiscalíaquesirva.