La desaparición de 43 estudiantes normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, al sur de México, marcó un punto de inflexión para el presidente Enrique Peña Nieto.
Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en la guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico que ha diseminado la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno.
El gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos.
El tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Federación también formará parte de la comisión, pero su participación será subordinada. Las organizaciones internacionales que han seguido el caso, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, también participarán.
El gobierno no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución.
México necesita justicia para los 43 estudiantes. Gracias a los tres valientes magistrados, ahora hay una posibilidad genuina de lograrlo. La disposición del próximo mandatario a implementar esta resolución histórica será una primera prueba de la seriedad del nuevo gobierno para promover un sistema judicial que le sirva al pueblo en lugar de a los criminales.