BAJO LA LUPA |1560000.org: cerrando espacios para la opacidad, por Data Cívica

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A pesar de que todos los funcionarios públicos están obligados por ley a presentar su declaración patrimonial, a pesar de que esta información es “pública” y a pesar de que existe una plataforma oficial cuyo propósito es hacer pública esta información, consultar, comparar y contrastar el patrimonio de los funcionarios era, hasta este el lunes 7 de mayo, casi imposible. Ese día, Data Cívica presentó la plataforma 1560000.org, en la que cualquier persona puede explorar y descargar la información patrimonial de los funcionarios públicos federales en formato de datos abiertos.

El mismo día que Data Cívica hizo pública su plataforma, la Secretaría de la Función Pública dijo en un comunicado que a partir del próximo 30 de junio publicará en formato de datos abiertos “las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, contenidas en el sistema Declaranet.” Esta es una excelente noticia, que como la Secretaría de la Función Pública sabe perfectamente, podía habernos dado hace dos años cuando se hizo la solicitud de acceso a la información original.

Sin embargo, si algo hemos aprendido del proceso es que “público” no siempre significa “accionable” ni mucho menos “confiable”. ¿La información va a ser navegable y explorable? ¿Por quiénes? ¿Periodistas y la ciudadanía en general o solo quienes tengan capacidades avanzadas de manejo de bases de datos?

Si sumamos a esta noticia que la entrada en vigor el junio pasado de la nueva Ley General De Responsabilidades Administrativas desaparece la prerrogativa antes dada a los funcionarios de optar por omitir su información patrimonial y su información de conflicto de interés “A partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren operables” es claro que estamos ante un posible cambio de paradigma en la publicación de declaraciones patrimoniales.

 

¿Vamos a transitar hacia una base pública útil, confiable y accionable? ¿O hacia otra base abierta, pero inusable, que contenga escasa información sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios? ¿Hacia la transparencia o simplemente más transparencia opaca?

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