En entrevista publicada en Excélsior el pasado 13 de mayo, el ministro José Ramón Cossío afirmó: “Yo no creo que sea un problema coyuntural, no me parece que sean casos aislados, me parece que la delincuencia organizada está eliminando personas para apropiarse de las instituciones del Estado, particularmente de las policías municipales, o para evitar que un grupo rival se quede con las instituciones del Estado. El número es muy grande, 93 personas en este momento, cuando todavía nos falta más de mes y medio de proceso electoral, es altísimo; quiere esto decir que hay un juego y un rejuego muy complejo de intereses, de posiciones, de maneras de querer o eliminar a algunos por la posición que pueden ocupar o poner a otros que, por las razones que sean, se busca que estén en un cargo. Los dos fenómenos son muy complejos”. Según el periódico, el ministro asocia el fenómeno a un “mutación importante del fenómeno de la delincuencia” y llama a revisar las posibilidades, los paradigmas y las estrategias en las políticas de seguridad, justo de cara a la oportunidad que implican las elecciones.
El ministro Cossío observa una disputa por el poder del Estado. Nada menos. ¿Quién ve lo mismo, quién no y bajo qué argumentos y evidencias? Más allá de generalidades, cuáles son los incentivos de la violencia del crimen organizado y entre ellos cuáles tienen que ver con la intención de capturar a las instituciones para colocarlas al servicio de sus intereses. ¿Los asesinatos contra personas vinculadas a las campañas representan en efecto esa disputa? ¿Cuándo sí y cuándo no?
Y desde otro ángulo, ¿acaso esta violencia homicida representa solo el componente más visible de un largo y avanzado proceso de captura institucional pública y privada no violenta y relativamente silenciosa? ¿Será que la alerta del ministro por la matanza implica una paradoja que a la vez pone luz sobre un ángulo desde luego relevante pero no sobre otros normalmente invisibilizados, como por ejemplo la depredación financiera y de múltiples sectores de la economía?
Y aquí entramos a otro gran problema: el diagnóstico que tienen las autoridades civiles y militares no es público.
¿La delincuencia organizada en México es “solamente” un negocio violento altamente redituable o es un asalto al poder propio de una etapa predatoria incontenible? El campanazo del ministro es, por decir lo menos, escandaloso. O debería serlo. ¿Quién acusará recibo?
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