El poder civil, debilitado, actúa como un conejito asustado frente a un poder militar que ya no sugiere ni pide, sino que exige que se legalice no solo su presencia en las calles, sino que se ensanche su capacidad de actuación y facultades en materia de seguridad interior y «cualquier método lícito de recolección de información», cualquier cosa que eso signifique. La LSI permitiría también a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de prevención e investigación de delitos.
Si la LSI es aprobada en los términos del dictamen que pasó -sin modificación alguna- en la Cámara de Diputados, se colocaría a México en la lógica de un país que retrocede y que violentamente da un golpe de timón para cambiar de ruta: de un paradigma en construcción a otro, diametralmente opuesto, que se ha mantenido factualmente por más de 11 años y cuyos resultados contraproducentes están a la vista de todos.
Si el Congreso mexicano hace caso omiso del potente coro de voces nacionales e internacionales y decide seguir adelante con la Ley, estaríamos ante un acto de enorme irresponsabilidad política y habrán cometido un despropósito monumental con graves implicaciones históricas.
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