Con el argumento de que “el problema de la seguridad interior […] ha rebasado a la autoridad civil” y en respuesta a la petición del secretario de la Defensa de regular la presencia de las fuerzas armadas en las calles, la Cámara de Diputados ha optado por legalizar lo ilegal.
La Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada por ésta la semana pasada y que hoy discute el Senado, no reglamenta la conducta de Ejército y Marina en el combate al crimen organizado, les otorga un amplio margen que pone en riesgo la protección de los derechos humanos, las libertades y el estado de derecho.
Tejido de ambigüedades, el texto de la LSI es un ejemplo de retórica escurridiza que pretende mantener la defensa de los derechos humanos a la vez que legaliza la imposición autoritaria de la fuerza.
Más allá de que el ejército y la marina se hayan desgastado en su fallida lucha contra el crimen organizado, de que hayan sido acusadas de violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones (por las cuales se ha procesado a algunos mandos) y de disfrazar masacres como “enfrentamientos”, seguirles exigiendo que hagan tareas que no les corresponden y para las que no están entrenadas, es una irresponsabilidad.
*Lea el artículo completo en El Economista