Urgen organizaciones de todo México a no aprobar Ley de Seguridad Interior y a abrir un debate nacional

*Insisten en que se debe delinear el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública

Fuentes teñidas de rojo como protesta contra la aprobación de la LSI

Ciudad de México, 04 de diciembre de 2017. Centenares de organizaciones y personas llamaron al Senado de la República a no aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, y a abrir un diálogo nacional a favor de instituciones de seguridad pública y justicia civiles, profesionales y sujetas a rendición de cuentas.

Las organizaciones, provenientes de toda la geografía nacional, recordaron que lo aprobado por las y los diputados contiene peligrosas ambigüedades y otorga atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles. «Además de eso que de por sí es grave, normaliza la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales, lo que contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar», advirtieron.

En lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, señalaron, «proponemos un plan para su retiro paulatino, al tiempo que se emprende el fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno y su adiestramiento bajo los principios de legalidad y proporcionalidad. Además, se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos».

El representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, Jan Jarab, llamó al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior, como lo hicieron el jueves los diputados.

El fin de semana, familiares de personas ejecutadas arbitrariamente por militares se pronunciaron contra la aprobación de la ley y recordaron la impunidad en que se mantienen los crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas contra civiles.

También se han manifestado en contra organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que revisará la constitucionalidad del proyecto si éste es aprobado.