*Los legisladores intentaron hacer la primera votación a puerta cerrada y sin transmisión.
Ciudad de México, 01 de diciembre de 2017. Con el voto de a favor de 248 legisladores (la mayoría, priistas), 115 en contra y 48 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Seguridad Interior, que busca legalizar la permanencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, facultad propia de las policías civiles, y que ha sido señalada como un grave peligro para los derechos humanos. Ahora queda en manos del Senado su posible aprobación final.
Tras conocerse la aprobación del proyecto por parte de la mayoría priista en comisiones cerca de mediodía, importantes actores nacionales e internacionales lamentaron el avance de la propuesta por sus riesgos para los derechos humanos.
Una política represiva como la que implica la Ley de Seguridad Interior no solucionará el problema de inseguridad en México, advirtió Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Lo que se necesita, señaló, es combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.
La ONU-DH ha manifestado en varias ocasiones que no era adecuado aprobar una ley de este tipo y, en su momento, presentó 17 consideraciones en caso de que los legisladores se empeñara en aprobar la ley.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien también se ha posicionado en contra de perpetuar la permanencia del Ejército en tareas que no le son propias, señaló que analizará la constitucionalidad de la ley si finalmente es aprobada, aunque hizo votos porque el Senado la modifique. De acuerdo con el ombudsman nacional, algunos de los contenidos podrían implicar afectaciones a los derechos humanos o propiciar su vulneración.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), lamentó que en México se mantenga la discusión sobre la pertinencia de poner a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública después de una década de escasos resultados. La estrategia de militarización de la seguridad ha tenido un alto costo en abusos, violaciones a derechos humanos, corrupción y desnaturalización del Ejército, añadió en entrevista con Reforma.
«El gran reto de México es un problema de seguridad (por) el crimen organizado. Ese reto se resuelve diseñando una política de control policial», indicó.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México precisó que “hoy es un día de retroceso para los derechos humanos. Justificada en el marco de la seguridad nacional, esta ley se ha apresurado, y los diputados y diputadas han aprobado un dictamen a pesar de las opiniones de expertos y del rechazo que hemos manifestado las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en peligro la vigencia de los derechos humanos en México, y mostrando poco interés de las autoridades por proteger a la ciudadanía”.
Las organizaciones y académicos que han hecho propuestas sobre la materia, agrupados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, fueron impedidos de asistir a la votación.