Hoy, con un albazo legislativo, nuestro país puede convertirse en un Estado militar si logra consenso la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que presentará el PRI en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Durante 11 años, las fuerzas armadas se han desplegado en el territorio nacional y se han hecho cargo de la lucha contra el crimen organizado, asumiendo la responsabilidad que han abandonado por completo los gobernadores. Los resultados no pueden ser más catastróficos. Basta saber que, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por su sigla en inglés), “la violencia derivada de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México alcanzó los niveles de un país en guerra abierta: en 2016, los 23 mil homicidios dolosos registrados convirtieron el país en el segundo lugar con el mayor número de asesinatos en el planeta, después de Siria”.
No solo está en juego la seguridad, con esta ley se perpetuarían los niveles crecientes de violencia, y además se vulnerarían las instituciones democráticas arrebatándole la responsabilidad de la seguridad pública a los civiles, para dejarla en manos de las fuerzas armadas, sin incluir ningún mecanismo de contrapeso y rendición de cuentas.
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