En los últimos tres años hemos sabido de entre 21 y 24 personas ejecutadas extrajudicialmente, cuya evidencia apunta a la presunta participación del Ejército en ellas: entre 12 y 15 muertos en Tlatlaya, en Edomex, un niño muerto durante un operativo del Ejército y las fuerzas federales en Ostula, Michoacán, siete jóvenes asesinados luego de que el Ejército se los llevara, en Calera, Zacatecas y uno más muerto a manos de un soldado en Palmarito Tochapan, en Puebla. Mínimo 21 víctimas y ningún militar ni mando encarcelado. En la última década las quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares pasaron de 190 por año a mil 75 los años subsecuentes al 2006.
Mañana, en medio de la parálisis legislativa que existe en el país en temas como el nombramiento del fiscal general y el fiscal anticorrupción, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados planea discutir una de las tres iniciativas que existen para generar una Ley de Seguridad Interior. Una iniciativa promovida por el PRI, en voz de César Camacho y Martha Tamayo, que pretende la militarización del país. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué sin escuchar a los ciudadanos?
Se trata de iniciativas que legalizan la intervención militar en tareas que corresponden a los civiles, es crear un marco de operación militar sin que tengan que rendirle cuentas a nadie, favoreciendo la impunidad, es el empoderamiento de las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo Federal y debilitar opciones como la vigilancia de estas tareas o los contrapesos legislativos. Esto sin contar con la inconstitucionalidad que implica que el Congreso legisle en temas de seguridad interior.
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