Los expertos alertan sobre un fenómeno extendido. A diferencia de otros momentos, la violencia se está registrando en amplias zonas de la República y ya no como un fenómeno concentrado. Han sido estos meses de 2017 en donde se ha agudizado esta escalada de violencia. Se observa en el informe desglosado por estados del SESNSP que la concentración delictiva no rebasa el 11 por ciento, esto significa que el fenómeno se ha extendido, aun en estados que, históricamente, han tenido índices más bajos.
Además de la acción misma de los criminales, el Estado se ha ido debilitando a sí mismo. No hay procurador general de la República, sino un encargado de despacho; tampoco se han hecho las modificaciones legales para que sea posible votar un fiscal general de la República con el grado de autonomía indispensable para empezar a enderezar el barco; tampoco se han creado las condiciones para tener un fiscal anticorrupción con atribuciones y competencia claras para combatir en serio el flagelo; el proceso de selección del nuevo fiscal especializado en delitos electorales, con el que se sustituiría a un fiscal destituido, viene marcado por el inexplicable retiro de los candados que impedían que un fiscal de esa naturaleza tuviera vínculos o filias con algún partido político.
Todo gira en torno a un círculo vicioso. Aumenta el crimen porque no hay estrategia y el Estado se abandona. ¿Con qué información el Estado y la sociedad van a poder hacer un diagnóstico, plantearse hipótesis, diseñar estrategias y encontrar una salida a esta pesadilla?
El secretario de Gobernación planteó esta semana dos cosas obvias: que la situación es compleja y que hay que cambiar el modelo.
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