174.000 homicidios dolosos y contando. Es el saldo de 11 años desde que el gobierno mexicano decidió lanzar su guerra contra el narcotráfico. Una cifra que supera las 140.000 víctimas que dejaron los conflictos bélicos en la antigua Yugoslavia, las represiones de los gobiernos militares en América del Sur o los 58.000 estadounidenses que fallecieron en Vietnam. Asustan las cifras y asusta la progresión. El mes pasado, octubre, fue el más cruento de la última década y 2017 superará con casi 25.000 muertos a los 22.855 homicidios dolosos que sufrimos en 2011. En promedio 76 personas al día son asesinadas cada día, a razón de una cada 19 minutos.
Hace tiempo que quedó atrás la vieja tesis de que las muertes que dejaba la guerra contra el narco constituían un fenómeno lateral y al margen de la vida diaria de las personas “comunes y corrientes”. En la medida en que el crimen organizado tomó el control de las ciudades para la distribución de droga al menudeo, nada impidió que migrara a otras actividades ilegales igualmente rentables. La misma estructura que había montado para corromper al policía de barrio y a la autoridad local o someter al dueño de un antro o una discoteca, permitió a los cárteles y sus infinitas fracciones ejercer con plena impunidad la ordeña de los ciudadanos en todas las modalidades posibles.
El resultado es un sistema judicial quebrado, una policía infiltrada y corrupta, una clase política desbordada que hace tiempo decidió ignorar el problema.
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