Cuando se habla de la crisis de inseguridad cotidiana y en aumento que padecemos los mexicanos, hay dos visiones: una, de voces de la sociedad civil y la ciudadanía que perciben y padecen una violencia generalizada, desbordada y de «proporciones bélicas», en donde las policías no han sido profesionalizadas y se recurre al Ejército como sustituto de la seguridad civil; y otra, la de los gobiernos que, en la óptica del presidente y gobernadores, nos hablan de una violencia e inseguridad focalizada, parcial y que es exagerada y mal interpretada por los ciudadanos que no reconocen su trabajo y «sólo critican y descalifican al grado de hacer bullying a las instituciones».
María Elena Morera, de Causa en Común, presentó un diagnóstico lapidario. Habló de una «masacre de proporciones bélicas», pero la percepción de Peña Nieto fue que los índices de violencia inseguridad, «que logramos disminuir en los primeros tres años de este gobierno», sí han «ganado mayores espacios en 2016 y 2017, pero «no en toda la geografía nacional, sino en puntos específicos del territorio»; que su gobierno ha capturado a 108 «objetivos prioritarios» del crimen organizado, de 122, y que la sociedad «critica más de lo que valora» los esfuerzos de las instituciones.
La crisis de inseguridad y violencia fue respaldada por el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien pidió poner fin «a la simulación y discursos de optimismo triunfalista» para reconocer una situación que pone en riesgo la integridad y la vida de los mexicanas y hasta de la democracia, para hacer una urgente reforma policial y de seguridad; mientras la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, elogió a la sociedad civil mexicana y la conminó a seguir exigiendo «estándares de calidad en la atención policiaca» que dijo, deben ser los mismos en todo el mundo, para lo que puso como ejemplo al consorcio estadunidense Starbucks que, dijo, «maneja los mismos estándares de calidad en todo el planeta».
*Lea el artículo completo en El Universal