La simplificación administrativa puede facilitar el acceso a servicios y productos para un grupo de personas, pero mantener las condiciones de exclusión de quienes no pueden cumplir con ciertos requisitos por ejemplo, a quienes no cuentan con acceso a internet para obtener un formato en específico, hace necesario acudir con un intermediario –o ‘coyote’– que no debería formar parte de ese procedimiento.
Si los trámites son más eficientes, ¿eso quiere decir que ya no hay corrupción? Facilitar la obtención de licencias de conducir no es, necesariamente, una buena noticia porque el problema está en otra parte, es decir en la facilidad de acceder a un bien público –la circulación en las calles– mediante un trámite cuya simplificación reduce la posibilidad del soborno o la extorsión, pero mantiene el aprovechamiento desigual del espacio –por parte de quien tiene un coche– y, peor aún, elimina el control más importante en este caso, que es el de certificar que quienes circulen por las calles cuenten con las capacidades necesarias para evitar accidentes.
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