El más reciente informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), publicado con el título de La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, documenta 862 eventos en 302 casos, en los que fueron afectadas mil 37 personas, y violentados por su trabajo en derechos humanos 422 colectivos. Por su gravedad destaca la cifra de 106 personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente, y la de 81 desaparecidas desde el primero de diciembre de 2012.
Pero estos números se vuelven aún más graves cuando vemos la situación en las cuatro regiones donde este fenómeno de violencia contra las personas defensoras se expresa con más crudeza. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Sierra Tarahumara son lugares en donde la Red TDT ha encontrado un peligro acentuado para el trabajo de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos. Tan sólo Chiapas, Oaxaca y Guerrero conjuntan 40 por ciento de los casos registrados en el informe, y de la misma manera Chiapas y Oaxaca tienen el registro más alto de eventos. Lo que implica que los ataques persisten a lo largo del tiempo, sin que el Estado mexicano tome medidas efectivas para generar un ambiente de seguridad y garantía en la práctica. En total, en estas tres entidades federativas está documentado 46 por ciento de los eventos en el periodo del informe.
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