Tres años después la noche de Iguala sigue calando y marcando agenda. La incapacidad del Estado para resolver la desaparición de 43 normalistas levantados por policías es una radiografía escalofriante de lo inoperante de nuestras instituciones. En mil cien días el Gobierno y las instituciones de justicia de este país no han sido capaces no digamos de encontrar a los desaparecidos (vamos a suponer que efectivamente los desintegraron con métodos hasta ahora desconocidos), sino siquiera de dar una explicación lógica y coherente de qué pasó y por qué pasó.
No haber resuelto correctamente los asuntos de los desaparecidos de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca hundió el Presidente Peña en el descrédito. De entonces para acá todo ha sido empeorar, no lo salvan ni los resultados de empleo o su campaña de «lo bueno cuenta». Pero no es la imagen del Presidente lo que está enjuego, es la incapacidad del Estado para resolver un asunto tan delicado. O quizá tengamos que decir la falta de voluntad del Estado y eso es mucho más grave, pues en el mejor de los casos estamos hablando de desdén, y en el peor, de instituciones capturadas y al servicio del crimen organizado.
Ninguna es una buena noticia. Tres años después la única certeza es la ausencia de 43 estudiantes, y la ausencia de justicia y verdad.
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