La historia de México durante los últimos 11 años evidencia que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas ha traído consigo resultados nada deseables y dejado claro que su participación vino a acompañada de violaciones graves a Derechos Humanos y crímenes constantes en contra de población civil.
En este sentido la propuesta de la Ley de Seguridad Interior representa una falta de memoria histórica, reconocimiento y aceptación de estos crímenes así como un intento más de justificación y legitimación de la participación de elementos castrenses en tareas de seguridad pública. Situación que es aplicada como política de Estado, desde la implementación de la llamada Guerra contra las Drogas (guerra que hasta la fecha continúa vigente).
La práctica de fabricar culpables, principalmente de “delitos contra la salud” o de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por medio de la obtención de confesiones auto incriminatorias o inculpatorias y a través métodos tortura, amenazas, desapariciones forzadas, ejecuciones, alterando escenas, sembrando armas o sustancias, se volvió una dinámica cada vez más utilizada por elementos de seguridad y, principalmente, de las Fuerzas Armadas.
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