Con la posible llegada de nuevas empresas trasnacionales de energía eólica, la comunidad de Unión Hidalgo se ha visto obligada a invertir más esfuerzos para interponer al menos tres amparos en lo que va de este 2017, con el propósito de exigir a las autoridades que se consulte a la comunidad, antes incluso de cualquier acto administrativo, y durante cada una de las fases que impliquen la implementación de proyectos, de conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. La comunidad exigió también por este medio que el Estado mexicano le informe sobre posibles permisos que haya otorgado a EDF, y que mientras no hayan sido debidamente consultados ni consentidos por los pueblos, los dejen sin efecto.
Esto demuestra que, en esta contradicción, la defensa de la tierra y el territorio significa tener que reinventar cada día, en el contexto de la implementación de un proyecto de nación –cuya finalidad es abrir con toda concesión la puerta a las empresas extranjeras, sin priorizar los derechos humanos de las comunidades indígenas y agrarias, y cuya vida está siendo directamente afectada–, proyectos comunitarios de resistencia y de defensa de derechos. El Estado mexicano está obligado a garantizar a la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo certeza jurídica y respeto a sus derechos humanos, así como la garantía de sus derechos como pueblos indígenas.
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