El país vive una crisis de seguridad, definida así por el número récord que ha alcanzado la tasa de homicidios en los últimos dos meses. En junio de este año se registraron 2,234 homicidios intencionales, el mes más violento de los últimos 20 años. De manera lamentable, la situación no parece que vaya a mejorar en el corto plazo. Ante el evidente fracaso de las estrategias de seguridad, es políticamente rentable –hasta obligado, dirían algunos– señalar un chivo expiatorio para alejar la atención de la carencia de estrategias precisas para combatir los delitos de alto impacto, como es el caso de los homicidios. El chivo expiatorio en turno es el sistema de justicia penal acusatorio.
Llevamos ya varias semanas en las cuales el sistema de justicia penal ha servido como el costal de golpeo favorito de gobernadores, legisladores y uno que otro servidor público. La pregunta que debemos hacernos entonces es si modificar la operación del sistema de justicia penal –como proponen sus ahora críticos– resolverá la epidemia de homicidios que sufrimos en México.
Desde la iniciativa México Sin Homicidios decimos que no. Sostenemos que es una falacia inferir que la ola de violencia letal se pueda combatir sólo con modificaciones legislativas, las cuales -en términos prácticos- pretenden reducir los estándares para investigar y perseguir un delito de alto impacto. ¿Recuerdan que uno de los criterios para promover una reforma al sistema de justicia era la falta de capacidad para desarrollar investigaciones científicas que nos ayudaran a resolver delitos y llevar a los culpables a la prisión? Bueno, quienes promueven una reforma al nuevo sistema de justicia están pidiendo, precisamente, más laxitud en estos criterios.
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