Los problemas de visión para promover una Ley de Seguridad Interior deben ser reconocidos antes de que cualquier legislador atienda la “urgencia” de aprobar un mandato que podría gestarse en la ilegalidad.
Frente a estas fallas graves de visión, el colectivo Seguridad sin Guerra ha trabajado en alternativas legales y sustentadas que respetan sin excepción el marco jurídico constitucional e internacional. Para ello propone la regulación y aplicación de los artículos 29 y 119 de la Constitución, en la adopción de medidas excepcionales.
Recomienda entonces, no posponer más la profesionalización de las policías civiles. Con un plan calendarizado por cada entidad federativa en un plazo razonable, Seguridad sin Guerra propone además administrar paulatinamente la desmilitarización de la seguridad pública. Además, promueven el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública. Incluyen en la prescripción la necesidad de cumplir la recomendación del Alto Comisionado de la ONU, para establecer un Consejo Asesor en derechos humanos y combate a la impunidad.
Legislar sin considerar estas alternativas sería irresponsable.
*Lea el artículo completo en Milenio