Se ha informado apenas que durante la última década (2006-2016) se duplicó el gasto público federal para la seguridad, mismo periodo en el que la inseguridad y la violencia han presentado los peores resultados. El Instituto Belisario Domínguez publicó el documento denominado Panorama del Gasto Federal en Seguridad, 2006-2016, cuadernillo número 47 de su serie Temas Estratégicos.
La discusión para México no es si hay o no auténtica rendición de cuentas sobre los recursos públicos ejercidos para la seguridad; solo quienes viven de tales recursos dicen que la hay. La discusión es si puede haberla. Mi hipótesis es que entre nosotros la seguridad pública está vacunada contra la rendición de cuentas debido a tres causas. La primera es política: las autoridades responsables de ella la entienden como un poder, no como un derecho, de tal suerte que corresponde a ellas y solo a ellas definir el problema y resolverlo, quedando cualquier formato de escrutinio al margen. La segunda causa es jurídica: el entramado normativo, en especial las categorías de reserva y confidencialidad, imponen restricciones al escrutinio que reproducen la imposible rendición de cuentas. Y la tercera causa es social: se trata del correlato perfecto para la primera causa. Desde la sociedad misma se renuncia a ejercer el derecho a saber, justamente por la misma lectura autoritaria que se hace desde el poder público. Es lo que hace muchos años en un ensayo llamé la convergencia autoritaria, donde “desde arriba” y “desde abajo” se niega la categoría de la seguridad como un derecho que, como tal, debe colocar al ciudadano en el centro, no a la autoridad.
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