Si el resto del año se mantiene en los niveles de averiguaciones por homicidio de los primeros cinco meses, terminaremos el año con una tasa de averiguaciones previas por homicidio de 19.3 por cada 100 mil habitantes; una tasa de víctimas de 21.7, y una tasa estimada de homicidios (i.e. SINAIS) de 23.3. Esto nos coloca de nueva cuenta en los niveles de violencia que atestiguamos en 2011, hasta hoy el año más violento de nuestra historia reciente.
Recientemente distintos funcionarios públicos, desde el Jefe de Gobierno hasta el Comisionado de Seguridad Pública, se han dedicado a señalar al nuevo sistema de justicia penal acusatorio como el culpable de esta escalada de violencia. Creemos que estas aseveraciones se basan en una lectura incorrecta y sesgada de los datos. Explicamos, usando información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por qué los argumentos de estos funcionarios son equivocados.
Lejos de diagnosticar y proponer medidas específicas para que el ejecutivo presente frente al judicial expedientes sólidos para sentenciar homicidas; lejos de por fin plantear un programa en serio de reducción de homicidios que no sea un mero mecanismo de transferencia de recursos a los estados (i.e. Pronapred); lejos de empujar un sistema de justicia penal que se provea certidumbre y reduzca arbitrariedades; lo que se nos propone es mantener detenciones cautelares sin pruebas, aterrorizarnos por la liberación de más detenidos sin pruebas, y como acto de fe creerles que a ello se debe el crecimiento en violencia del último año… aunque los datos digan otra cosa.
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