En las últimas semanas la revelación de #GobiernoEspía ha decantado una serie de acciones sociales y gubernamentales que pocas veces habíamos visto.
La vigilancia que, en teoría, tendría que identificar como objetivos a criminales esta fuera de control y este informe solamente muestra la punta del iceberg. Algo sumamente preocupante pues no solamente se apunta a personas críticas al gobierno, también a sus familiares, a menores de edad. Incluso, la semana pasada Citizen Lab confirmó que también opositores al partido en el poder habían sido objetivos de espionaje.
En este sentido, si bien el espionaje no es una práctica reciente, lo que es un escándalo es que el gobierno le ha faltado una y otra vez a la sociedad en sus respuestas y ha omitido rendir cuentas sobre montos millonarios ejercidos sin control. Recapitulemos. La primera respuesta se dio directamente de la Dirección General de Medios Internacionales de la Presidencia de la República al NYT y en esta se advertía que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo” e invitaban a los espiados a denunciar (acción que ya se había realizado). La traducción de esta respuesta no es una negación de los hechos sino una provocación a la violación de derechos humanos.
Si el gobierno realmente quisiera reivindicar su figura tras un hecho tan escandaloso, hubiera aceptado la petición de las víctimas y los abogados de conformar un panel de expertos independientes y hubiera transparentado todos los contratos firmados por las distintas dependencias con NSO Group y otras empresas dedicadas al espionaje.
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