Todo parece indicar que la administración peñista se está haciendo la sueca con el escándalo de los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas espiados con el software Pegasus. El que sólo se vende a go biernos y fue adquirido por lo menos, por la PGR, Cisen y Sedena.
Enrique Peña, siendo parte, se erigió en juez. Con todo el poder de la investidura, dio su veredicto y mandato a seguir. Ante la amenaza, en Los Pinos, dijeron que el Ejecutivo no quiso decir eso.
Para colmo, esta fiscalía (dependiente de la PGR, dependiente de EPN) está canalizando las pesquisas y la «ayuda técnica» en contra de los denunciantes. No solo ignoró su solicitud, sino que les pidió ¡entregar sus celulares!
Surgen, pues, más preguntas.
¿Las autoridades federales están creando la percepción de que habrá vigilancia internacional en la indagatoria, cuando en realidad pretenden obstaculizar la participación del panel de expertos?
¿En lugar de ir tras los delincuentes espías, están persiguiendo a los afectados?
En la procuraduría de Raúl Cervantes ¿Se está preparando la investigación o se está armando la defensa de Peña Nieto?
¿Será que se están haciendo los suecos?
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