Mientras en el país ocurren un promedio de cuatro secuestros por día, nuestras autoridades están espiando a mi querido colaborador de La Hora de Opinar, Juan Pardinas, y su esposa. Increíble. El gobierno está gastando recursos para enterarse de la vida privada e íntima de un ciudadano comprometido con el combate contra la corrupción. Fontaneros políticos que se vomitan en la democracia liberal pensando que el Estado tiene el derecho de obtener información de manera ilegal para luego chantajear y proteger, así, a sus colegas ¿corruptos?
De acuerdo con el artículo publicado ayer en el New York Times, firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth, “no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable” de este espionaje. Pero sólo el gobierno —en particular la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen— tiene los recursos financieros y humanos para adquirir y operar el llamado software Pegasus que permite hackear teléfonos celulares, extraer toda la información que se encuentra en ellos y convertirlos, incluso, en micrófonos para espiar en tiempo real.
Mientras el crimen organizado ejecuta a 28 personas en promedio por día en México, las autoridades están ocupadas espiando a mi estimado colega Carlos Loret. No les satisface ver lo que piensa el periodista en su noticiero matutino en Las Estrellas o en su columna de El Universal. No. Quieren más información por si en una de esas hay que desprestigiarlo aventándole todo el poder del Estado.
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