Los sucesos de Nochixtlán, Oaxaca, que hoy cumplen un año, constituyen una prueba de qué tanto aprendieron las autoridades encargadas de la procuración de justicia de otros casos de violaciones graves a derechos humanos -Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, La Calera- que han mostrado las deficiencias investigativas del Estado.
A 365 días de los hechos y con una investigación denunciada como lenta por organizaciones sociales y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), no conocemos aún la verdad oficial del desalojo armado que realizaron la Policía Federal, la estatal, la Agencia Estatal de Investigación y la Gendarmería contra el bloqueo carretero de maestros y habitantes contra la reforma educativa.
En estos términos, frente a Nochixtlán el Estado debe evaluar junto con las víctimas, la aplicación del principio 11 del Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de la Naciones Unidas, que recomienda la creación de comisiones independientes para investigar casos complejos en donde estén vinculadas instituciones públicas que pongan en duda la imparcialidad de los resultados.
Sin este tipo de mecanismos extraordinarios, posiblemente casos como Nochixtlán se mantendrán en la impunidad.
Que el Estado asuma estas acciones nos indicará si nos acercamos a un camino en el que la larga lista de casos de graves violaciones a derechos humanos pueda ir encontrando verdad, justicia y reparación.
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