Bajo la lupa, La edición de hoy — mayo 8, 2017 at 7:20 am

Los de abajo | Gloria Muñoz Ramírez en La Jornada

¡Ahí está el detalle!

La tortura sexual ejercida por agentes del Estado para arrancar confesiones a mujeres detenidas es una práctica tan abominable como común en México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) denuncia esta práctica sistemática desde hace más de 10 años. No es producto del impulso sexual de un policía, es parte de la estrategia de control, intimidación, discriminación y violencia en razón del género. Es la manera que ellos utilizan para quebrantar la dignidad de las mujeres a las que detienen, advierte a Eliana Gilet, la abogada Araceli Olivos, del equipo del Prodh.

La denuncia en algunos casos ha rendido frutos. Es el caso de Yecenia Armenta Graciano, liberada recientemente luego de haber pasado cuatro años tras las rejas acusada de ser la autora intelectual del asesinato a balazos de su esposo, Jesús Alfredo Cuen Ojeda, el 2 de julio de 2012. El asesinato del hermano de un político sinaloense ocurrió justo un día después del proceso electoral local. Pero Yecenia no lo mató ni fue la autora intelectual, como se le incriminó. Una confesión arrancada bajo tortura sexual la dejó en injusta prisión. El de ella es uno de los más de 100 casos de tortura que tiene registrados la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa en los últimos cinco años. Su reciente liberación se debe a que el juez quinto de primera instancia del ramo penal en Culiacán, Sinaloa, le otorgó la sentencia absolutoria. Esto es, el Estado reconoció que Yecenia no sólo es inocente, sino víctima y sobreviviente de más de 15 horas de tortura física, sexual y sicológica ejercida por los efectivos del grupo Águila 1, de la Unidad Modelo de Investigación Policial de Culiacán. Pero esta historia podría haber ocurrido en cualquier ciudad de cualquier estado de este México que camina bajo la impunidad.

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