Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó, en el momento final del período de sesiones, la minuta de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir la importación –en una primera fase– y la producción en México –en una segunda etapa– de productos farmacéuticos derivados del cannabis. No se trata, como se ha dicho, de la legalización de la mariguana para uso medicinal o terapéutico a la manera de varios estados de los Estados Unidos, donde se autoriza el cultivo y el expendio de la flor de cannabis para ser consumida con receta médica con diferentes objetivos, desde el combate al dolor crónico hasta afecciones más específicas. En México solo se podrán recetar, con autorización de la COFEPRIS, productos elaborados con un máximo de 1% de THC y otras concentraciones de CBD y demás cannabinoides de la planta, y la producción nacional se hará con fuertes restricciones. Con todas sus limitaciones, se trata de un avance legal y cultural que debe ser ponderado.
La legislación aprobada la semana pasada en México está muy lejos de ser una medida relevante para acabar con el mercado clandestino de la mariguana ni apenas servirá para dejar de criminalizar a los usuarios, pues solo protege a un muy pequeño número de pacientes. Sin embargo, implica un paso cultural para cambiar la percepción social respecto a la planta y sus usos potenciales. Por lo demás, aunque el número de beneficiados sea muy pequeño, a muchos de ellos, la mayoría infantes, como Grace, les cambiará para bien la vida y les reducirá sustancialmente su sufrimiento, lo que de suyo le da un carácter positivo a la reforma.
Mientras aquí se da un pequeño paso, Canadá se prepara para el debate parlamentario de la iniciativa de su gobierno para regular integralmente el uso adulto de la mariguana, con restricciones similares a las del alcohol, y su industria de cannabis medicinal crece exponencialmente. Una vez más, México se queda a la zaga en un tema que merece políticas más audaces e innovadoras.