Como colofón, apenas terminada la visita del relator, se conoció la noticia de otro asesinato en la sierra Tarahumara. Juan Ontiveros, líder rarámuri y compañero de Isidro Baldenegro en la defensa del bosque, fue capturado por hombres armados y asesinado en la comunidad de Choréachi, también en el municipio de Guadalupe y Calvo, el 31 de enero. En 15 días, las comunidades de la sierra chihuahuense perdieron a dos de sus líderes en asesinatos que pese a las promesas, no han sido esclarecidos por la fiscalía local ni por el gobierno federal.
En un contexto de ausencia de garantías por parte del Estado, las y los defensores de la tierra y el territorio en México están sujetos a amenazas y en la mira de graves agresiones y despojos por la voracidad del mercado y los proyectos económicos, extractivos y de infraestructura. ¿Quién defiende a quienes defienden el ambiente que nos sustenta, la casa que compartimos? ¿Hasta cuándo estamos dispuestos como sociedad civil a conocer las historias de los defensores en las notas sobre sus asesinatos?
Un factor preocupante es que el Estado es identificado como el responsable de 67 de las agresiones. Ya sea por la omisión ante violaciones procedimentales y agresiones perpetradas por particulares, o mediante la participación activa en forma de represión y persecución judicial, los casos documentados en el informe al relator hacen ver que el Estado mexicano no cumple con las salvaguardas suficientes y necesarias para las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus derechos territoriales.