Estos meses han sido intensos para el trabajo legislativo en materia de seguridad y justicia.Podemos celebrar que finalmente la Ley General para Prevenir la Tortura ha sido aprobada. También hay avances para la Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, resultado de mesas de trabajo con integrantes del gobierno, legisladores, especialistas y sociedad civil.
La moratoria legislativa respecto de la Ley de Seguridad Interior enciende el faro. Es una alerta con miras a sostener en el largo plazo los avances en materia de derechos humanos y dar soporte a otros instrumentos de la miscelánea penal.
Avanzar con una Ley de Seguridad Interior en el sentido de la propuesta que circula en la Cámara de Diputados puede responder más al desembarque orquestado de quienes prefieren no responsabilizarse de sus propios puertos. La preocupación de someter a mayor desgaste a las fuerzas armadas coincide con la carencia de medidas para su retiro progresivo y de controles para su actuación. Si el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un motor incompatible con el Sistema Penal Acusatorio, mientras el timón de reconstrucción de las policías sigue trabado, si además se posterga la regulación del artículo 29 constitucional y se lubrica con diferentes aceites la seguridad pública y la procuración de justicia, tendremos equipo de rescate, pero nos faltarán barcos.
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