Ya nunca más una prueba obtenida bajo tortura será válida en México. En términos legales se pone fin a una acción aberrante, pero muy frecuente en el sistema de impartición de justicia en el país. Una y otra vez los organismos internacionales condenaban a México por esta práctica. Esperamos que de verdad sea erradicada para siempre.
El 19 de abril pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es un hecho histórico. Se pone fin a una época vergonzosa del sistema de impartición de justicia.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México felicitó a la Cámara de Diputados por haber sacado adelante la ley y destacó que esta aprobación sitúa a México en la ruta de reconocer, respetar y validar los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se unió a las felicitaciones. Hay conciencia de que la ley cumple con los más altos estándares internacionales. ¿La haremos realmente valer?