Todo pasa y, sin embargo, nada sucede: muertes, desapariciones, corrupción, impunidad, y los gobiernos y las partidocracias continúan sin inmutarse, como si estuviéramos en un estado de normalidad y lo único que importara fuera la disputa electoral de 2018. A pesar del horror, de las denuncias y evidentes colusiones de gobernadores, presidentes municipales y policías con el crimen organizado, todos los funcionarios, con excepciones de bajo nivel, terminan sus periodos para, luego, en una enredada red de pactos de impunidad, obtener impunidad y huir.El caso más claro es el de Morelos. No obstante los espantosos hallazgos de las fosas clandestinas de Tetelcingo y recientemente de Jojutla -creadas no por el crimen organizado sino por las propias fiscalías del Estado-, el gobierno de Graco Ramírez no sólo sigue incólume, sino que el propio mandatario presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se pasea por el mundo y pretende ser candidato presidencial.
Lo único que podría ponerle un coto a esa perversa normalidad es la justicia. ¿Pero quién, en este país perdido, recuerda que la justicia es una fuerza que, al servicio del derecho, instaura un orden que no existe pero sin la cual ningún orden podría encontrar su humanidad?
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra liberar a José Manuel Míreles, a sus autodefensas, y a todos los presos políticos hacer justicia a las víctimas de la violencia y juzgar a gobernadores y funcionarios criminales
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