La utilización de las Fuerzas Armadas (FA) en el combate al crimen organizado y su permanencia en amplias zonas del territorio nacional por más de diez años puede dar al traste con el principio posrevolucionario que llevó a desmilitarizar la política y despolitizar al poder militar. La estabilidad del régimen no puede explicarse sin un ejército unido y disciplinado que dejó de reclamar el derecho a gobernar directamente y se retiró de las disputas por el poder. Tampoco puede explicarse sin el hecho de que se ha mantenido leal a la institución presidencial y sin ninguna pretensión de exceder las funciones establecidas.
Esto es lo que está en juego.
Una de las consecuencias no deseadas —o peor, no pensadas— de haberles pedido cumplir con tareas de seguridad pública es la de haber puesto en el debate público el papel de las FA y su comportamiento. Hoy, y no por voluntad propia, están en los medios todos los días y expuestas al escrutinio público. Peor aún, las han convertido en parte de las campañas electorales para 2018. Al hacerlo, las han obligado a alzar la voz como actor político. Lo más importante no es si AMLO agredió al Ejército públicamente y sin sustento. Lo importante es que las FA, sin desearlo o tener opción, se ven obligadas una y otra vez a fijar posición política.
Madrazo admite que el escenario que presume esta regulación no está presente y por eso propone una legislación transitoria que faculte y regule el desempeño actual de las FA en tareas de seguridad pública, pero que simultáneamente obligue a la construcción de policías profesionales con condiciones laborales y técnicas adecuadas para su desempeño. La propuesta de Madrazo es más rica y detallada y puede consultarse en Horizontal (21-02-17), pero da una salida realista e inteligente a la legítima demanda de las FA de tener un marco jurídico que las respalde en las circunstancias actuales, que tome en serio la necesidad, también planteada por las FA, de regresar a sus funciones y que haga efectivo el precepto constitucional de que los órganos encargados de la seguridad pública sean de carácter exclusivamente civil.
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