Bajo una fuerte y sostenida presión política y deliberativa mediática del alto mando castrense, el Congreso mexicano discute sendas iniciativas que buscan dotar de un marco jurídico ad hoc la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, funciones que la Constitución define como propias de las policías. Entre ellas, la prevención e investigación del delito; la detención de infractores de la ley; el aseguramiento de la escena del crimen y la evidencia; recoger testimonios; realizar peritajes penales, e instalar retenes para inspeccionar bienes y personas.
De hecho, en su función de policía militarizada orientada a enfrentar amenazas internas, las fuerzas armadas casi nunca proveen información detallada a los legisladores. Así ha ocurrido en casos como el de los niños Almanza, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, Nochixtlán y Tepic. Por lo que no se ejerce una cabal supervisión parlamentaria, limitándose el Congreso a aprobar el presupuesto castrense sin intervenir en su elaboración ni ejercer un control sobre el gasto. A ello se suma la falta de fiscalización sobre la variable mercenaria del Ejército y la Marina, gracias a los recursos extra que llegan como parte de los programas de entrenamiento y cooperación de Estados Unidos, incluidos los de la Iniciativa Mérida. Urge, pues, acotar la acción deliberativa de los mandos y el regreso de los militares a sus cuarteles.
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