El llamado de atención que el general Cienfuegos hizo a finales del año pasado al gobierno federal puede resumirse en lo siguiente: el ejército no está preparado para enfrentar delincuentes en el fuero civil. En apoyo a esta conclusión, tras su discurso se lee la preocupación que esa realidad supone a las y los miembros de las fuerzas armadas, que radica en la incertidumbre que su actuación les plantea frente al respeto a los derechos humanos, porque en efecto, para ellas y ellos la disyuntiva es obedecer una orden y arriesgarse a violar derechos, o respetarlos y arriesgarse a incurrir en una falta a la disciplina militar. El tema no es menor y el general lo sabe, por eso, en el fondo, la solución que plantea es razonable: o se les devuelve a los cuarteles o se les dota de un marco jurídico que les permita hacer lo que saben —para lo que sí están capacitados, se entiende— sin que la sombra de las y los defensores de derechos humanos, institucionales y de sociedad civil, les siga los pasos.
El tema, como siempre, es que se pondera la estabilidad del régimen sobre la seguridad ciudadana, porque al final, que el ejército esté en la calle es un riesgo a la seguridad ciudadana.
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