El martes de la semana pasada la investigación sobre el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa echó de nuevo varios pasos en reversa. Fue más importante -otra vez- cubrir a los responsables de descarrilar la ley que resolver el caso penal más relevante de la historia mexicana reciente.
Arely Gómez, la entonces procuradora, instruyó en mayo de 2014 al visitador Cesar Alejandro Chávez Flores para que investigara al investigador. Tres meses después Chávez confirmó irregularidades serias cometidas desde el 26 hasta el 29 de octubre de 2014. Con los argumentos del visitador Chávez se refuerzan las dudas expresadas por los padres y sus abogados: los restos de Alexander Mora podrían haber sido sembrados para desviar el curso de la investigación.
El capítulo posterior de esta lamentable historia lo aportó el martes pasado Adriana Campos López, quien sustituyó a Chávez como visitadora en la PGR. A pesar de la evidencia aportada por dos informes distintos -el del GIEI y del visitador anterior- Campos resolvió que se actuó conforme a derecho -cometiendo a caso una breve falta técnico-administrativa cuando se olvidó registrar en el expediente la visita del 28 de octubre.
No hay condiciones políticas para que se produzca verdad jurídica a propósito de este caso. Y sin embargo, un día sabremos; que no les quepa duda a los responsables: un día sabremos.
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