El sábado 14 de enero tres hermanitos de 4, 8 y 11 años, fueron asesinados en San Miguel de Allende, Guanajuato en presencia de sus padres Juana y Antonio Luna. La tragedia que cimbró y movilizó a la ciudadanía, ha tenido como secuela una serie de actos de autoridad francamente inverosímiles e indignantes.
La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, ha detenido a Antonio Luna y lo ha vinculado a proceso con fundamento en una declaración fabricada y desmentida por misma madre de los pequeños. El mismo órgano informó que las primeras audiencias del caso serían cerradas” a petición del defensor de oficio” que días después fue removido.
El Gobernador Miguel Márquez tiene dos opciones. Colocarse del lado de los responsables y encubrir el asesinato de los tres pequeños, o colocarse del lado de la sociedad que exige justicia. Si elige esto último debe remover a Carlos Zamarripa de forma inmediata y ordenar una investigación independiente.
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