Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa, declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) ha ocultado información clave sobre el caso de Iguala, que no entregó datos a los padres de las víctimas ni al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el uso de camiones de pasajeros para el tráfico de drogas, pese a que ya había antecedentes de ello.
David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con motivo de la presentación del libro de Carlos Beristain, ex miembro del GIEI, titulado El tiempo de Ayotzinapa. (Véase, 23/01/17), dijo: el de Ayotzinapa es un caso paradigmático porque permite comprender lo que ha pasado y está pasando en el país. Pero fue más lejos y nos invita a reflexionar con toda seriedad sobre las implicaciones de este caso paradigmático, y tres componentes que nos deja el caso: 1. Hay una alianza en la que colaboran una parte del Estado y el crimen organizado. 2. Se da una actuación criminal conjunta entre los agentes del Estado y del crimen organizado. 3. No se realiza una investigación sobre ese crimen cometido por agentes del Estado y criminales organizados. No investigar quiere decir que, o se desvía la investigación o se fabrican culpables, se exculpabiliza (sic) a los agentes del Estado y se recarga sobre sólo los criminales. No hay por tanto una impartición de justicia, y entonces viene la impunidad, esa que se convierte en el mensaje que está por debajo de estos componentes.”
El rector de la Ibero, a mi juicio, tiene razón al decir: el costo del desprestigio que ha pagado el gobierno mexicano por no investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero (acontecida el 26 y 27 de septiembre de 2014), es menor al precio que tendría que pagar si se conoce la verdad de los hechos. Esta verdad es la que queremos, por alto que sea el precio para los funcionarios públicos que tratan de ocultarla.
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