El 13 de diciembre de 2016, se cumplieron 10 años de la declaración de guerra contra las drogas del ex presidente Calderón, quien como comandante supremo de las Fuerzas Armadas anunció que los militares serían una parte central de lo que después denominó estrategia de seguridad. Enfatizó en que sería una guerra costosa en términos económicos y de vidas humanas. Desplegó miles de soldados en las calles y destinó, con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos de América, grandes cantidades de recursos y capital político en una aventura bélica que fue abrazada por todos los partidos políticos que gobernaban algún estado de la República (Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional).
Desde ese diciembre de 2006 a la fecha han desaparecido por la fuerza más de 28 mil personas, han sido privadas arbitrariamente de la libertad física en contravención de normas internacionales (arraigo) más de 14 mil, han muerto en enfrentamientos o han sido asesinadas más de 150 mil, han sido desplazadas por la fuerza más de 280 mil y al menos se han contabilizado 6 mil víctimas de tortura
La participación de militares en tareas que no le son propias como ya lo demostramos, pero ahora con el respaldo legislativo como se observa en la intención de las Cámaras de Diputados y Senadores, es justo la ruta que aleja al país de dos de las aspiraciones de cualquier sociedad democrática: subordinar el poder militar al civil y someter a la fuerza armada a un régimen constitucional de derecho.
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