Bajo la lupa, La edición de hoy — enero 6, 2017 at 8:20 am

Envenenar a los mayas | Antonio Salgado Borge en Sin Embargo

¡Ahí está el detalle!

La Presidencia de la República quiere que en Yucatán se siembren Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Para que esto sea posible, hace unas semanas el gobierno de Peña Nieto presentó una controversia constitucional sobre un decreto en que el Gobierno de Yucatán declaraba a este estado como zona libre de transgénicos.

Uno de los argumentos más comunes para oponerse a los OGM es que sus potenciales daños a la salud justifican establecer, a manera de medida preventiva, su prohibición temporal hasta que no se haya comprobado a ciencia cierta su inocuidad. Sin embargo, mucho de lo que en este debate se ofrece como evidencias no rebasa la categoría de las especulaciones.

Sin embargo, hay otro grupo de razones que, a pesar de que suelen ser menos discutidas, encarnan la amenaza más inminente de los OGM. A finales del año pasado se realizó en Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la audiencia temática “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán”.

Sin embargo, contra viento y marea, el gobierno de federal no ha descansado en su intento de imponer su decisión de abrir Yucatán a los OGM poniendo trabas al ejercicio del derecho que tienen los mayas yucatecos a una consulta libre e informada. El 3 de enero de este año el gobierno de Enrique Peña Nieto reaccionó ante la creciente preocupación, generado por las evidencias sobre los efectos que permitir los OGM tendría sobre el ambiente y la vida de miles de personas, publicando un proyecto en el que se determinan una serie de nuevos requisitos que deberán cumplir los estudios que deben evaluar los posibles riesgos de la liberación experimental de los OGM al ambiente y a la diversidad biológica; es decir, cambiando los criterios para determinar los años al ambiente (http://dof.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?codigo=5468449&fecha=03/01/2017).

En este contexto la pregunta abierta es qué está llevando al gobierno federal a defender, a pesar de todas las evidencias disponibles, y contra un decreto estatal, una posición que generará efectos tan perniciosos.

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