Hace 10 años inició la infausta «guerra contra las drogas», pero también un ciclo de reformas de la seguridad y la justicia. En este período hubo importantes avances legales e institucionales, se realizaron diagnósticos de los problemas sectoriales y se acordaron soluciones a tos mismos, sin que se haya logrado mejorar el desempeño gubernamental, ni detener la oleada de violencia criminal ni evitar violaciones graves a los derechos humanos.
Vivimos una crisis de régimen y no sólo una crisis de inseguridad y justicia. Esta última es consecuencia de la primera. Mientras no se modifiquen las reglas informales que obligan a la clase política a acumular recursos y a satisfacer clientelas a cualquier costo para tener ventaja en la competencia electoral, el país no podrá crear un Estado de Derecho ni evitar que el crimen organizado intervenga en el proceso. El primer paso en esa dirección será impedir que el naciente Sistema Nacional Anticorrupción y sus expresiones estatales futuras se vean colonizados por intereses políticos, como ha sucedido con instituciones del campo electoral y del acceso a la información. Será necesario crear una fiscalía nacional verdaderamente autónoma y hacer lo propio en los estados del país. Urge una reforma integral de tos Tribunales Superiores de Justicia último reducto intocado del viejo régimen. Ante todo debe aplicarse la legislación electoral en materia de financiamiento hasta hoy burlada en múltiples formas. En síntesis la crisis de seguridad y justicia sólo puede resolverse mediante una reforma política profunda que conduzca a un verdadero Estado de Derecho.
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