La prisa por entregarles un marco jurídico a las fuerzas armadas no es un asunto menor. A la víspera de la construcción de una Fiscalía General de la República en puerta, la presión para la aprobación de la propuesta del Diputado César Camacho del PRI para la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, no es casualidad. Sobra decir que sus contenidos ensanchan aún más la estrategia de seguridad que ha demostrado ser fallida. Si los estados de emergencia normalmente vulneran los derechos fundamentales y debilitan la división de poderes, este proyecto de Ley no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción.
Por su parte, la propuesta del Senador Roberto Gil Zuarth del PAN, recurre a conceptos difusos y discrecionales como “resistencia” con los que pretende facultar al ejército para que haga “uso legítimo de la fuerza; la utilización de técnicas, prácticas y métodos, por parte de la Fuerza Armada Permanente o de la Fuerza Especial de Apoyo Federal (de las que el cuerpo castrense sería integrante) para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva, o agresiva grave bajo la vigencia de una declaratoria de afectación a la seguridad interior”. Después en su propuesta el Senador Gil hace una vaga acotación: “Conforme a los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, oportunidad y respeto a los derechos humanos”.
El Senador Gil no se rompió la cabeza con su propuesta, sino que copió casi literalmente la que había entregado en su momento Felipe Calderón. Así que no sólo reivindican los errores que de facto se han cometido, sino que pretenden materializar aquellos que en su momento fueron detenidos en el poder legislativo para que no sucedieran.
Ni todos a los cuarteles, ni todos a las calles sin restricciones. Fortalecer la legitimidad del Ejército implica respetar su rango de protector de la seguridad nacional y mantenerlo progresivamente al margen de los conflictos internos que ponen en entredicho sus acciones y vulneran su imagen pública. Los legisladores tienen en sus manos la posibilidad de diluir el falso dilema.