Podemos calcular que de cada 1000 sobornos que se cometen, alrededor de 930 ni siquiera se denunciaron. Supongamos que de los 70 sobornos restantes todos se convirtieron en una averiguación previa y se consignaron. De esos, sólo 16 habrían llegado a una orden de aprehensión, sólo 12 se convertirían en un auto de formal prisión y sólo 5 acabarían en una sentencia condenatoria. Así, de cada 1000 casos de soborno, sólo 5 se convierten en una sanción concreta.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos es tan ineficaz, entre otras cosas, porque cuenta con una pequeña estructura y muy pocos recursos, además de pobres capacidades humanas y muy pocos instrumentos. Por ejemplo este año contó con sólo 26 millones de pesos, mientras que la Coordinacion de Comunicación Social de la Presidencia ejerció 155 millones. Es decir, comunicar logros del gobierno vale 5 veces más que combatir la corrupción. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque esta es la Unidad que se pretende heredar al nuevo Fiscal Anticorrupción que designará el Senado de la República.
Por eso, además de exigir un perfil adecuado para su titular y un proceso abierto y legítimo de nombramiento, se requiere un pacto político para reestructurar por completo a esta Unidad. No es sólo dinero, se requiere además invertir en capacidades humanas, herramientas tecnológicas, coordinación con otras autoridades, acceso sencillo y rápido a sistemas de información y sistemas periciales, así como autonomía de nombramientos y de gestión al interior de la Unidad.
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