La designación de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR es un mal augurio en términos democráticos y atenta contra la independencia que le es exigible a quien encabezará un órgano con enormes atribuciones, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción.
Lejos de buscar una figura que tuviera el consenso de los sectores más conscientes de la sociedad -lo que habría legitimado su propuesta-, el presidente Enrique Peña Nieto optó por tener un fiscal a modo. Más allá de sus credenciales como abogado hábil y capaz, no son buenas noticias su cercanía al Presidente, ni su militancia partidista.
Es facultad constitucional del Presidente nombrar y remover “libremente” a sus colaboradores, pero es su deber observar el interés superior del país, sobre todo, en una materia tan delicada como la procuración de justicia y la lucha contra la corrupción.
No menos lamentable es la manera en que el Senado aprobó la propuesta presidencial (fast track), pues renunció a cumplir el papel que la Constitución le asigna como contrapeso del otro Poder.
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