Ante todo, el Congreso debe tomar una decisión fundamental: crear una Fiscalía nueva, “desde cero”, incluyendo la designación de un Fiscal autónomo con un perfil idóneo y un equipo capaz de investigar delitos en forma seria y honesta, o transferir “en automático” al Procurador General de la República y a todo el personal de la PGR a la nueva Fiscalía, y con ello arrastrar a la nueva institución los vicios y prácticas que han llevado al colapso del sistema de justicia penal en México.
Las decisiones del Congreso y del Presidente sobre la Fiscalía afectarán a millones de víctimas de delitos en México. También tendrán consecuencias en la investigación de casos de desaparición, tortura, delitos contra migrantes, delincuencia organizada, así como en la confianza de los ciudadanos para denunciar delitos y en los resultados de las investigaciones penales.
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