¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo ninguna autoridad responsable de los hechos? ¿Por qué no existen investigaciones por la tortura cometida contra las mujeres detenidas el 3 y 4 de mayo de 2006? Estas y muchas preguntas, así como la falta de verdad y justicia, prevalecen al día de hoy, y como pasa en muchas otras partes de nuestro planeta, a pesar del valor que implicó para las mujeres denunciar lo que pasó con sus cuerpos y vidas después de la tortura sexual, parte del por qué no procedieron las denuncias por tortura sexual se debió a que el Estado mexicano, en lugar de protegerlas, las criminalizó.
Con ese contexto a cuestas, y ante la falta de acceso a la justicia en México, las once de las mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que examinara el caso, pero yendo más allá, decidieron transformar su historia. A lo largo de estos diez años, ellas con su entereza y decisión, le regresaron la vergüenza, el estigma y la culpa a quienes son los responsables: el Estado mexicano. Con ello se han convertido en defensoras de derechos humanos, de sus cuerpos, de sus vidas y de otras mujeres que también han sido víctimas de tortura sexual.
Fue así, que en el marco del octavo aniversario de la represión en San Salvador Atenco y en agradecimiento del apoyo que habían recibido un año antes, iniciaron la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, la cual tiene como propósito generar lazos de solidaridad con otras mujeres sobrevivientes de tortura sexual. Actualmente la campaña está integrada por nueve casos a nivel nacional. Porque la lucha ahora no sólo es jurídica, para Ana María, Italia, Claudia, Cristina, Edith, Mariana, María Patricia, Norma, Patricia, Gabriela y Yolanda, la justicia también debe ser construida desde abajo, desde lo colectivo, hacer de lo invisible visible. Por sobre todas las cosas, esta lucha es para que ninguna otra mujer vuelva a pasar por lo mismo.
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